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jueves, 19 de julio de 2012

La Audiencia Provincial falla que sacar agua de más del Acuífero 23 no es delito

La Audiencia Provincial falla que sacar agua de más del acuífero 23 no es delito.
Pedro R.A., de 67 años, el primer agricultor que se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial como autor de un presunto delito contra los recursos naturales por extraer agua en exceso del acuífero 23, acaba de ser absuelto de los cargos por los que la fiscalía llegó a solicitar cuatro años y medio de cárcel; en el caso de que se le considerase autor de un delito ecológico, o bien una pena leve de multa por “distracción de aguas”.

No ha sido ni lo uno ni lo otro. La Sección Primera entiende que tras el juicio “no ha quedado probado que los expresados excesos de consumo de agua atribuidos al acusado supusieran un riesgo grave para el equilibrio de los ecosistemas”.

Aunque se da por hecho que en las campañas de riego 2003 y 2004 extrajo casi 850.000 m3 de más (como para abastecer un año a un pueblo de dos mil habitantes) de los pozos de la finca Casa Nueva de Herencia que tenía arrendada a otro, Tomás Seco, al que llegaron las multas de la Confederación del Guadiana, el tribunal dice que “en los años donde se han producido resultó ser un periodo hidrológico de tipo medio, no correspondiente a uno de sequía”.

La absolución queda aparte de “la responsabilidad administrativa en la que pudiera haber incurrido”, dice el tribunal, y destaca que en este caso ni siquiera la Confederación Hidrográfica, el organismo que debe velar por las aguas de la cuenca, han acreditado el grave daño para el acuífero del que hablan tanto la fiscalía como la acusación particular, y agrega textualmente el fallo: “siendo sensible esta Sala a la indispensable protección del medio ambiente que desarrollan todos los organismos encargados de velar por la calidad del medio ambiente, si bien la ausencia de una prueba pericial o de otro tipo, clara, convincente e indubitada, de la existencia de un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales, nos impide dictar sentencia condenatoria”, dicen.

Sin embargo Basilisa Seco, perjudicada -es hija del dueño de Casa Nueva, ya fallecido- querellante y abogada de la acusación particular en el caso, considera que el fallo “crea alarma social”. Seco, que reclamó una idemnización de miles de euros por los daños que ha sufrido su familia por esto -los pozos se clausuraron y no pudieron volver a arrendarla- recurrirá.

Fuente: Lanza Digital.com  18-7-2012

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