COAG aplaude el PEAG y la posibilidad de legalización de pozos que ofrece

COAG Castilla-La Mancha asegura que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) permitirá “regar sin miedo a denuncias ni a precintos”, según dijo ayer en una rueda de prensa su secretario regional, Apolonio Moreno, quien afirmó que este Plan permite “mantener lo que tenemos”.


Moreno insistió en que “es el menos malo y el mejor posible” y añadió que “nadie puede estar de acuerdo en cargarse los recursos en diez años”.


Los acuerdos alcanzados entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) anuncian la legalización de pozos a través de dos vías. Por un lado, desde el Consorcio que se debe constituir con los derechos que revierta la CHG a la Consejería --el PEAG plantea que sea un 30% de los derechos que se compren o 32 hectómetros cúbicos. Después la Consejería de Agricultura sacará otra Orden para que los agricultores a título principal pudieran hacer las solicitudes correspondientes.


La regularización la hará la CHG con unas concesiones de 600 hectómetros cúbicos por hectárea hasta un total de 7.000 metros cúbicos para titulares de explotaciones y leñosos que no reunieran condiciones de agricultores a título principal. Los de la Consejería se aprobarían por el Consorcio, con un consejo con representación de todas las organizaciones agrarias. El Gobierno regional regularía las pozos agrícolas a título principal.


El acuerdo tipo que proponen en leñosos es de 25 hectáreas por explotación y para ello COAG pide la concesión de 1.200 metros cúbicos por cada una de ellas, aunque la Consejería acepta 1.000 y mantiene las hectáreas. En el caso de hortícolas piden 4.000 metros cúbicos por hectárea y la concesión de 13 hectáreas a agricultores a título principal, y aunque la Junta de Comunidades ha aceptado los metros cúbicos, reduce a 11 las hectáreas.


En respuesta a algunas declaraciones aparecidas recientemente, el secretario regional de COAG argumentó que no es cierto que los agricultores tengan que pagar más de 3.000 euros por hectárea para la regularización, ya que la Consejería de Agricultura se ha comprometido a que este trámite resulte gratuito. Asimismo, existe un compromiso del presidente de la CHG de aumentar los 32 hectómetros cúbicos de agua máximo que recogía el Plan para la regularización de pozos a los 40, porque las condiciones tipo requieren al menos 38.


La organización agraria mantendrá reuniones con Hacienda para analizar los porcentajes que deberán pagar los titulares de explotaciones agrarias por los derechos de agua. COAG entiende que el agricultor que vende estos derechos "no vende ninguna plusvalía, sino parte de su patrimonio".


Por parte de la Confederación se ha aceptado una propuesta de reforestación que recoge la circunstancia de que para poder vender derechos de agua, debe ser atractivo el producto y que esto sea así, el titular de la explotación puede concederlos a la CHG durante un período de veinte años, cobrar los derechos de agua, que la institución se haga cargo de la reforestación y que le ofrezca al propietario una renta de 600 euros por hectárea. Después este tiempo volvería a manos del titular, aunque ya sin derechos de agua. Todo esto demuestra, según Apolonio Moreno que "no se ha negociado a espaldas de los agricultores".


El secretario regional de COAG aseguró que se ha mantenido un “debate intenso" y recriminó a una organización agraria que, a pesar de hacer sus aportaciones al PEAG, estén ahora dispuestos a recurrirlo, "lo que demuestra que no quieren defender los intereses de los agricultores y sí los intereses de inversores y coleccionistas de fincas agrarias". Moreno matizó que la mencionada organización "tiene interés" en que se regularicen pozos con un metro para arrendar después los derechos del agua y tener la posibilidad de cobrar ayudas de Europa.


El responsable de la Sectorial del Agua de la organización agraria, COAG de Castilla-La Mancha, José María Oñate aseguró que el PEAG “es importantísimo” para la agricultura, el medio ambiente y el abastecimiento de la zona a la que afecta y es “el único posible y viable”. Las líneas del Plan Especial del Alto Guadiana "son correctas" y dan solución a los profesionales de la agricultura, ya que contemplan agua que garantiza la subsistencia de la profesión y el mantenimiento de la economía agraria. La dotación presupuestaria que contempla es "de solución y futuro", agregó Oñate.


El PEAG contiene líneas de reasignación de derechos para los cultivos sociales, financiación para el mantenimiento de la industria, hace una apuesta comercial de los productos buscando el valor añadido y el marketing y asigna dinero a la reforestación. Todo ello supone una reconversión "brutal" que permitirá que los 600.000 habitantes de la zona del Alto Guadiana puedan seguir viviendo en este lugar.


La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretenden comprar derechos de 80.000 hectáreas para reforestar 50.000 y asignar las 30.000 restantes a los profesionales "que necesitan el agua para vivir y para sacar adelante a su familia".


Fuente: Lanzadigital http://www.lanzadigital.com/diariolanza/pb/periodico/periodicodetalle.asp?REG=16947&sec=ALCAZAR