Las ONG estudian un recurso contra el Decreto de cesión de derechos de agua en el Acuífero 23 porque vulnera la normativa española y europea.
Los grupos conservacionistas entienden que el Decreto viola diversas normativas, comenzando por el propio procedimiento para la aprobación de esta medida, ya que al aprobar el real decreto ley "entre otras cosas se está modificando el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG)".
La aprobación del PEAG exigió toda una tramitación, incluida una evaluación de impacto ambiental "y ahora esa parte de la tramitación se salta con la modificación exprés", ha precisado Hernández, quien ha añadido: "se modifica una normativa que está publicada en el diario oficial con una medida que no cumple los mismos criterios de evaluación de impacto ambiental".
Desde este punto de vista, los ecologistas aprecian que se está incumpliendo la normativa estatal contemplada en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Pero también creen que se ha incumplido la directiva marco de aguas y las directivas que protegen los espacios naturales de la Unión Europea, "porque aquí entra en juego el futuro de espacios como Las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera que están protegidos dentro de la red Natura 2000".
Los ecologistas piensan que los "principales valedores" de esta medida han sido la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Consejería de Agricultura, porque "es una propuesta muy concreta, que va dirigida a una zona muy concreta y a un asunto muy concreto que es el de los pozos ilegales", ha apuntado Hernández, quien también ha puntualizado "nos consta además que en el Ministerio han surgido muchas dudas sobre este asunto".
Los grupos conservacionistas prevén que, lejos de reducirse, las extracciones van a aumentar, "incluso por encima de lo legalmente establecido puesto que no hay controles suficientes por parte de las confederaciones para saber realmente cuánta agua se está extrayendo del acuífero, ni de las captaciones legales, ni de las alegales, ni de las ilegales, de todo esto tenemos en esa zona", ha aseverado.
Hernández ha recordado que es el segundo intento que se hace en España de abrir el "mercado del agua", después del precedente negativo que supuso el que se hizo hace unos años al vender agua del Tajo al Segura que correspondía al Canal de Estremera.
En el Canal de Estremera "se vendieron las aguas de los regadíos que no se estaban utilizando porque era muy caro utilizar ese agua, no había suficientes infraestructuras y además no se podía utilizar ni siquiera la dotación porque el caudal del río era mínimo", ha asegurado Hernández.
A pesar de esta circunstancia "se trasvasó al Levante por el Acueducto Tajo-Segura, con lo cual se incrementó el daño al río Tajo sobre lo que ya estaba suponiendo la sequía", ha agregado.
Al final el consumo de agua en el Tajo se incrementó con respecto a un año normal, según Hernández, quien sostiene que "si hubiera sido un año normal, los señores del Canal de Estremera, que vendieron sus derechos no hubieran regado, sin embargo al vender sus derechos regaron con agua del Tajo en el Segura".
"Esto es lo mismo que va a ocurrir aquí", ha augurado Hernández, porque "lo normal es que quien está utilizando el agua siga haciéndolo porque la necesita, mientras que venderá los derechos quien no le interese o quien teniendo una concesión no la está utilizando por la razón que sea".
A su vez, quien lo compre si lo va a utilizar, "con lo cual va a aumentar la presión sobre el recurso", ha agregado.
Hernández ha advertido que se hará un gran daño al acuífero y no supondrá un gran beneficio para la agricultura.
"Al final va a servir para incrementar la superficie de viñedo, un producto excedentario que tiene ahora muy mala salida en el mercado, por lo tanto creemos que es una medida suicida desde lo ambiental y desde lo agrícola", ha sentenciado Hernández.
Fuente: EFEverde.
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